El MITECO abre a consulta pública la Ley de Minas
El pasado 25 de noviembre se abrió la consulta pública de la Ley de Minas, hasta el próximo 23 de diciembre. El objeto de este trámite es el de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones que puedan resultar afectadas, al objeto de conocer sus criterios y prioridades al respecto de las modificaciones y cambios que pueda incluir la futura y nueva Ley de Minas.
La pretensión de esta iniciativa legislativa es la de actualizar la legislación vigente, que data de 1973, con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades y realidades de un sector y una sociedad en plena evolución, que deben enfocarse hacia la transición ecológica y la autonomía estratégica del país.
Entre otros objetivos, la nueva legislación buscará adaptarse al actual reparto de competencias entre Administraciones, armonizarlo con la legislación medioambiental y sectorial en general, y reducir cargas administrativas, fomentando de esta manera la participación de los diferentes agentes implicados.
La Ley de Minas vigente -en palabras de la propia ANEFA- “fue avanzada para su tiempo y supuso un impulso para la industria extractiva, abordando cuestiones novedosas para la época, como el necesario respeto a los valores medioambientales. Y, tras cincuenta años de vigencia, es una norma que ha consolidado instituciones mineras, logrando la tan deseada seguridad jurídica. Por tal motivo, no debería cambiarse sustancialmente el objeto y el alcance de la actual Ley de Minas”.
Aún y así, todavía existen algunos aspectos que requieren ser aclarados y reconfigurados a la luz de la práctica y de la propia jurisprudencia de los Tribunales, como por ejemplo y en lo que a nosotros afecta más directamente, el concepto y alcance de los establecimientos de beneficio. Asimismo, la nueva Ley se deberá acomodar a la distribución constitucional de competencias en la materia y a la distribución autonómica del Estado, siempre garantizando el principio de unidad de mercado, según dispone nuestra Constitución.
Y todo ello y de manera esencial, deberá acometerse garantizando el justo equilibrio con la ordenación del territorio, la sostenibilidad, la economía circular, la lucha contra el cambio climático, la responsabilidad social, y la seguridad y salud de los trabajadores.
En fin, entendemos que es esta una gran oportunidad para modernizar la legislación básica minera, adaptarla a las políticas de la Unión Europea y por supuesto también a la recientemente aprobada Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales; y, en definitiva, para lograr los objetivos de que la actividad minera sea una actividad sostenible, integrada en la economía circular y comprometida en la lucha contra el cambio climático.