La morosidad, la eterna asignatura pendiente de los gobiernos
El incremento de la morosidad, la ampliación de los plazos de pago, los altos tipos de interés para financiarse, la inestabilidad económica y el bajo ritmo de las obras están mermando la salud financiera de las empresas del sector del hormigón.
Pero, sin lugar a dudas, el aumento de la morosidad es uno de los factores que más daño está ocasionando al sector. Cuando los clientes incumplen los pagos acordados en tiempo y forma, las empresas se ven afectadas en su flujo de efectivo; lo que dificulta su capacidad para afrontar los gastos operativos y financieros. Esta situación, que no es nueva, se ha visto si cabe agravada en los últimos tiempos por lo que estamos viviendo en el resto de las variables económicas.
Un hecho que resulta paradójico, máxime cuando existe, desde hace décadas, una Ley contra la Morosidad que, según parece, se aplica solo a unos pocos por cuanto lo habitual en este sector es que se dupliquen, tripliquen y hasta cuadrupliquen los plazos legales máximos de pago. Hasta el momento, esta ley carece de régimen sancionador, el escenario perfecto para que las empresas campen a sus anchas. Los numerosos intentos de aprobar el régimen sancionador han sido bloqueados en algún punto del trámite parlamentario, una y otra vez.
Desde Europa, también, presionan para que se corrija, de una vez por todas, está malformación de nuestro sistema financiero, pero han chocado contra un muro. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en el año 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo una promesa firme sobre este tema. Próximamente, se presentará la propuesta de revisión de la Directiva 2011/7 sobre lucha contra la morosidad que implementará cambios estructurales en aquellos estados miembros más afectados por este problema entre los que se encuentran, además de España, Italia, Bélgica y Grecia. Precisamente, el próximo 3 de julio está previsto que se debata este asunto en el seno de la propia Comisión.
Esta realidad solo ocurre en España. Mientras que aquí las empresas tienen total libertad para alargar sus plazos de pago, esas mismas empresas en el resto de países en los que operan, no solo aplican la ley, sino que pagan en plazos muchísimo más cortos. Esta situación es específica de España, y empresas que aquí alargan sus plazos de pago, sin embargo, en el resto de los países en los que operan, aplican la ley y pagan en plazos muchísimo más reducidos. Hasta qué punto llega a ser peculiar la situación, que existen multitud de herramientas financieras al servicio del “acreedor” para poder cobrar a tiempo a cambio de un coste financiero. En definitiva, no solo no se cumple la ley, sino que cobrar en los plazos legales tiene un alto coste. Todo ello está limitando la capacidad de las empresas para invertir y expandirse con la consecuente incertidumbre que está generando en el mercado de la construcción.
Las continuadas subidas de los tipos de interés han complicado aún más las cosas. Lo que antes era un coste “asumible”, se ha convertido en un alto coste financiero bien por adelantar los cobros, o bien, por mantener una línea de crédito que permita hacer frente a los retrasos. Algo que es muy perjudicial porque, cuando las empresas viven en una continua incertidumbre económica, los proyectos avanzan con cautela, los niveles de actividad son bajos y, por tanto, los riesgos aumentan.
En materia de riesgo comercial, el sector del hormigón se caracteriza por entregar prácticamente la totalidad de material al comienzo de la obra y de forma muy rápida. Por tanto, este riesgo se acumula muy rápidamente, y puede superar lo que los seguros llegan a cubrir. Los plazos largos de pago hacen que este riesgo no baje, y todo lo que se sigue suministrando suele quedar fuera de la cobertura. Además, en caso de haber un impago, no hay forma de detectarlo hasta pasados los 240 días en algunos casos. Es una indefensión total.
De nada ha servido que ANEFHOP ganara la demanda a una de las empresas del Grupo Cobra. La Audiencia Provincial de Madrid la condenó a eliminar de sus contratos o pedidos de suministro de hormigón las condiciones relativas al plazo de pago a proveedores que superaran el plazo máximo legal de 60 días naturales. A día de hoy y, pese al apoyo de los jueces en esta sentencia, la situación no solo no ha mejorado, sino que, a juicio de los propios empresarios, ha empeorado.
En definitiva, es fundamental la implicación efectiva y verdadera de los gobiernos para resolver de una vez por todas este problema. Ni siquiera la jurisprudencia está sirviendo como motor a nuestro favor. Esperemos que Europa tome medidas firmes que nos empujen a cambiar estos malos usos en materia de plazos de pago que, por nosotros mismos, somos incapaces de realizar.
Carlos Peraita, director general de ANEFHOP